Carta abierta al presidente Nayib Armando Bukele Ortez, a la Fuerza Armada de El Salvador y a la misión internacional de seguridad en Haití
Carta abierta al presidente Nayib Armando Bukele Ortez, a la Fuerza Armada de El Salvador y a la misión internacional de seguridad en Haití
Rescatar al personal salvadoreño desaparecido, proteger a la población civil haitiana y desarticular el sistema criminal completo, no solamente a sus hombres armados más visibles
Wilsonn Telimo Lwi
Presidente de ITIYAyiti
KÒTAKÒT por un Haití autónomo
27 de octubre de 2026
Resumen
Esta carta abierta exhorta al presidente de la República de El Salvador, Nayib Armando Bukele Ortez, a movilizar todos los recursos lícitos disponibles para localizar a cuatro técnicos de aviación salvadoreños desaparecidos en Haití tras el ataque del 18 de octubre de 2026 contra el vehículo en el que viajaban en Croix-des-Bouquets. Si están vivos, la prioridad debe ser rescatarlos y devolverlos sanos y salvos a sus familias. Si su fallecimiento se confirma mediante procedimientos forenses confiables, sus restos deben ser identificados, preservados como evidencia y repatriados con dignidad.
La carta sostiene que una operación legítima de búsqueda, rescate y rendición de cuentas no puede convertirse en una represalia indiscriminada contra las comunidades haitianas. Propone una estrategia basada en inteligencia, evidencia individualizada, debido proceso, protección de civiles, investigación financiera, rastreo de armas y persecución de toda la cadena criminal: autores materiales, comandantes, traficantes, financiadores, intermediarios, funcionarios corruptos y beneficiarios políticos o económicos.
El texto distingue expresamente entre hechos documentados, denuncias que requieren investigación y acusaciones que no deben presentarse como verdades demostradas. Asimismo, defiende la soberanía haitiana, la transparencia en las operaciones internacionales y el fortalecimiento duradero de las instituciones nacionales.
Palabras clave: Haití; El Salvador; Nayib Bukele; seguridad pública; grupos armados; protección de civiles; tráfico de armas; debido proceso; soberanía; derechos humanos; justicia internacional.
Nota editorial y precisión factual
Al 27 de octubre de 2026, las fuentes públicas disponibles describen oficialmente a los cuatro técnicos de aviación salvadoreños como desaparecidos, no como fallecidos confirmados. Los informes sobre restos humanos recuperados en Haití aún no han permitido una identificación concluyente, y se ha informado de que la determinación definitiva depende de análisis de ADN.
Por esa razón, este texto no afirma, como hecho consumado, la muerte de los cuatro militares. Emplea una formulación condicional y responsable: si están vivos, deben ser rescatados; si se confirma su fallecimiento, sus restos deben ser recuperados, identificados y entregados dignamente a sus familias.
Esta edición también sustituye cualquier llamado a ejecutar o “eliminar” a presuntos responsables por exigencias de detención legal, investigación independiente, procesamiento judicial, congelamiento o decomiso de activos conforme a derecho, y el uso estrictamente necesario y proporcional de la fuerza para proteger vidas frente a una amenaza inminente.
Una publicación que promoviera ejecuciones extrajudiciales pondría en peligro a la población civil, debilitaría la legitimidad del mensaje y contradiría los principios de derechos humanos que deben orientar cualquier futura reconstrucción democrática de Haití.
Destinatarios
A Su Excelencia Nayib Armando Bukele Ortez, Presidente de la República de El Salvador
Al Alto Mando y a los integrantes de la Fuerza Armada de El Salvador
A los mandos de la Fuerza de Supresión de Pandillas desplegada en Haití
Señor Presidente:
Me dirijo a usted en un momento de profunda angustia por El Salvador, Haití y las familias de cuatro técnicos de aviación salvadoreños que desaparecieron tras el ataque del 18 de octubre de 2026 contra su vehículo en Croix-des-Bouquets.
La información pública disponible aún no permite determinar de manera concluyente si estos cuatro hombres están vivos o han fallecido. Los informes relativos a restos humanos recuperados continúan siendo inconclusos, y su identificación definitiva dependería de pruebas de ADN. Por consiguiente, esta carta no declara su muerte como un hecho establecido.
Formula, en cambio, una exigencia más responsable y urgente:
Si están vivos, encuéntrelos, protéjalos y llévelos sanos y salvos a casa. Si han fallecido, recupere e identifique sus restos con dignidad, preserve todas las pruebas forenses y devuélvalos honorablemente a sus familias.
Su desaparición constituye un acto criminal intolerable. Estos hombres no son abstracciones, instrumentos de política exterior ni personal desechable. Son seres humanos con familias, deberes, nombres, historias y derechos.
Su Gobierno tiene derecho a buscar la verdad sobre lo sucedido. Sus familias tienen derecho a recibir información confiable. El Salvador tiene derecho a exigir responsabilidades a toda persona que haya participado en su captura, maltrato o muerte.
Pero esa operación no debe convertirse en una campaña de represalias indiscriminadas contra la población civil haitiana.
Una operación de rescate no debe transformarse en castigo colectivo
Señor Presidente, respaldo el objetivo legítimo de localizar a estos cuatro miembros del personal salvadoreño. Al mismo tiempo, le pido que distinga rigurosamente entre actores armados, facilitadores criminales y los millones de haitianos atrapados en territorios sobre los que no ejercen ningún control real.
Un joven que vive en un barrio empobrecido no es automáticamente miembro de un grupo armado. Un residente que atraviesa una zona controlada por organizaciones criminales no es automáticamente cómplice. La ropa, el domicilio, la condición económica o la apariencia física de una persona no pueden constituir prueba de responsabilidad penal.
Las fuerzas salvadoreñas no deben ingresar a comunidades haitianas bajo la premisa de que todo joven es enemigo o que toda persona residente es sacrificable.
Las operaciones deben estar guiadas por la inteligencia, basadas en evidencia y dirigidas contra amenazas específicamente identificadas. Toda detención debe fundarse en motivos individualizados. Cuando sea factible, la población civil debe recibir advertencias, rutas de evacuación y acceso a asistencia médica. Las personas detenidas deben ser registradas, protegidas contra la desaparición y presentadas sin demora ante una autoridad competente.
Conforme a las normas internacionales, la fuerza letal no constituye un instrumento de castigo. Solo puede utilizarse cuando resulte estrictamente necesario para proteger una vida frente a una amenaza inminente y debe ser proporcional a dicha amenaza.
La Declaración Universal de Derechos Humanos protege la vida, la libertad, la seguridad personal, la igualdad ante la ley y el derecho a ser oído por un tribunal independiente e imparcial. Tales garantías no desaparecen porque Haití atraviese una emergencia.
Una misión que rescatara a cuatro salvadoreños mientras matara a haitianos inocentes sustituiría una tragedia por otra. Profundizaría el resentimiento, proporcionaría propaganda y nuevos reclutas a las organizaciones armadas y comprometería la legitimidad de toda la operación.
La violencia haitiana no puede reducirse a los hombres armados visibles en las calles.
El hombre armado que aparece en público representa solo un eslabón de una cadena criminal mucho más extensa.
Las organizaciones armadas haitianas necesitan:
armas y municiones;
dinero e intermediarios financieros;
vehículos y combustible;
inteligencia y comunicaciones;
acceso a puertos, fronteras y rutas marítimas;
protección corrupta;
relaciones políticas;
facilitadores comerciales;
mecanismos de lavado de activos;
e impunidad institucional.
Expertos de las Naciones Unidas han documentado vínculos entre determinadas organizaciones armadas haitianas y algunos integrantes de las élites políticas y económicas. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos también ha sancionado a figuras políticas y criminales haitianas por presunta corrupción, narcotráfico, graves abusos de derechos humanos y colaboración con redes delictivas.
Investigadores de las Naciones Unidas han examinado, además, la financiación de grupos armados por parte de actores políticos y económicos, incluso a través de fundaciones y otros mecanismos institucionales. Estos hallazgos no demuestran que todo funcionario, familia empresarial o actor internacional participe en actividades criminales. Sí demuestran que la crisis no puede explicarse únicamente como violencia espontánea nacida en los barrios pobres.
Por consiguiente, la investigación debe avanzar tanto hacia arriba como hacia abajo.
No debe examinar únicamente a la persona que dispara un arma, sino también:
quién la compró;
quién la transportó;
quién autorizó o facilitó su paso;
quién financió la transacción;
quién lavó los ingresos obtenidos;
quién proporcionó protección política;
quién se benefició económicamente de la desestabilización territorial;
y quién obstruyó las investigaciones o los procesos judiciales.
El régimen de sanciones de las Naciones Unidas ya contempla prohibiciones de viaje, congelamiento de activos y un embargo de armas contra actores designados que apoyan la violencia en Haití. Esas herramientas deben aplicarse de manera eficaz y combinarse con investigaciones penales creíbles.
Las acusaciones contra actores poderosos exigen pruebas e investigación independiente
Muchos haitianos consideran que ciertos sectores del Estado, de la clase política y de la élite económica han creado, financiado, manipulado o protegido organizaciones armadas.
Esa convicción no carece de contexto histórico. Informes internacionales, decisiones sobre sanciones y procedimientos judiciales han establecido vínculos que involucran a determinadas figuras políticas, económicas y criminales.
Sin embargo, la responsabilidad debe seguir siendo individualizada.
Sería jurídicamente y moralmente irresponsable declarar culpables, sin pruebas, a todo el Gobierno haitiano, a todas las familias haitianas de piel clara o de ascendencia mixta, a cada empresario o a cada embajada extranjera.
La dolorosa historia haitiana de prejuicios por el color, exclusión de clase y concentración económica merece un examen serio. Pero la justicia no puede sustituir un prejuicio colectivo por otro. Nadie debe ser considerado delincuente por ser negro, mulato, rico, pobre, haitiano, dominicano, salvadoreño o extranjero.
Cuando las pruebas comprometan a un funcionario, oligarca, diplomático, empresario, agente aduanero, policía o militar, esa persona debe ser investigada sin protección política.
Cuando no existan pruebas, la acusación no debe sustituirlas.
Por ello, solicito que su Gobierno apoye un mecanismo de investigación independiente capaz de seguir la evidencia hasta donde conduzca: barrios, empresas, oficinas gubernamentales, puertos, jurisdicciones extranjeras o relaciones diplomáticas.
La influencia internacional debe ser transparente y responsable
Durante años, Estados Unidos, Francia, Canadá y otros gobiernos influyentes —frecuentemente asociados en el debate político haitiano con el denominado “Core Group”— han ejercido una influencia diplomática considerable sobre la transición política de Haití.
Muchos haitianos consideran que los arreglos apoyados desde el exterior han debilitado la responsabilidad democrática, han marginado la participación popular y han sostenido a dirigentes sin suficiente legitimidad pública.
Estas críticas merecen respuestas serias.
Sin embargo, la influencia internacional no demuestra por sí sola que una embajada determinada dirija las operaciones de organizaciones armadas. Si existen pruebas de que funcionarios, contratistas, intermediarios o actores políticamente conectados facilitaron la violencia criminal, estas deben preservarse, investigarse y presentarse ante la autoridad competente.
La respuesta apropiada no consiste en una declaración de culpabilidad desprovista de respaldo. Consiste en transparencia:
publicar los acuerdos jurídicos que regulan la misión;
revelar su mandato operacional;
identificar la cadena de mando;
aclarar las reglas de enfrentamiento aplicables;
establecer un mecanismo de seguimiento de víctimas civiles;
ofrecer un procedimiento independiente de denuncias;
investigar toda conducta indebida;
y publicar los objetivos medibles con los que se evaluará la misión.
El Salvador no debe convertirse en otra potencia extranjera que actúe en Haití sin explicar a los haitianos el fundamento jurídico, los objetivos y los límites de su actuación.
Debe enfrentarse la cadena de suministro de armas
Haití no fabrica las armas de fuego ni las municiones que sostienen este conflicto.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha documentado redes que adquieren armas en Estados Unidos mediante compradores de fachada y las envían ilícitamente a Haití. El proceso penal relativo a Joly Germine y otros asociados de 400 Mawozo también documentó una conspiración para adquirir armas en Florida y enviarlas a Haití.
En consecuencia, una estrategia de seguridad debe incluir mucho más que patrullas armadas.
El Salvador debería solicitar cooperación concreta y verificable de Estados Unidos y de otras jurisdicciones pertinentes para:
identificar compradores interpuestos y corredores de armas;
inspeccionar cargamentos sospechosos antes de su salida;
rastrear las armas recuperadas;
procesar a exportadores y facilitadores del transporte;
investigar transferencias de dinero vinculadas a la compra de armas;
fortalecer la inteligencia marítima y aduanera;
aplicar el embargo de armas de las Naciones Unidas;
compartir pruebas con autoridades judiciales haitianas capaces de actuar con independencia;
congelar activos vinculados con secuestros, tráfico de armas y extorsión;
publicar resultados de cumplimiento que puedan evaluarse.
Un arma no entra en Haití por arte de magia. Recorre una cadena de decisiones, transacciones y fallas. Cada eslabón debe ser investigado.
Las acusaciones relacionadas con la República Dominicana también deben comprobarse, no presumirse.
Diversos haitianos han planteado preocupaciones graves sobre el flujo de armas, el contrabando y el comercio ilícito a través de la frontera entre Haití y la República Dominicana.
Tales preocupaciones justifican una cooperación aduanera reforzada, el rastreo de armas, la investigación financiera y la supervisión internacional.
Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre afirmar que redes criminales operan en el territorio dominicano y demostrar que el Gobierno dominicano arma deliberadamente a grupos haitianos.
Su Administración no debe tratar esa acusación general como un hecho establecido sin evidencia confiable.
Si una investigación descubre la participación de funcionarios dominicanos, proveedores privados, traficantes o intermediarios protegidos, El Salvador debe solicitar su procesamiento y la cooperación internacional correspondiente. Si las pruebas no comprometen al Estado dominicano, no debe generarse una confrontación entre países.
El objetivo debe ser la rendición de cuentas, no una guerra regional basada en afirmaciones no verificadas.
El Estado haitiano no puede ser ignorado, pero tampoco puede recibir un cheque en blanco.
El Estado haitiano tiene la responsabilidad primaria de proteger a la población, investigar los delitos y administrar justicia. No obstante, la debilidad institucional y las acusaciones creíbles de corrupción hacen peligrosa una confianza ilimitada en las autoridades vigentes.
Por ello, su misión enfrenta un verdadero dilema.
No puede actuar legalmente como si Haití careciera de soberanía. Pero tampoco puede presumir que toda institución oficial o toda persona que ocupa un cargo público es confiable.
La respuesta no consiste en destruir el Estado haitiano, sino en distinguir al Estado de quienes hayan capturado, corrompido o utilizado indebidamente algunas de sus estructuras.
La cooperación debería condicionarse a:
cadenas de mando documentadas;
verificación de antecedentes de los socios operacionales;
transparencia financiera;
manejo seguro de inteligencia;
órdenes judiciales cuando sean exigidas;
protección de testigos e investigadores;
supervisión independiente;
y consecuencias para los funcionarios que obstruyan la justicia.
Las personas razonablemente sospechosas de complicidad criminal deben ser retiradas de funciones operativas sensibles mientras se lleva a cabo una investigación legal. La evidencia debe asegurarse de modo que los procesos penales puedan sobrevivir a los cambios políticos.
Proceso operacional creíble
Una misión responsable, destinada a recuperar a los cuatro salvadoreños y debilitar la estructura criminal, debería desarrollarse en etapas claramente definidas.
Primera etapa: establecer los hechos
Debe crearse un equipo conjunto para investigar el incidente, integrado por investigadores salvadoreños, autoridades haitianas debidamente verificadas, especialistas forenses y observadores internacionales idóneos.
El equipo debería reconstruir:
la ruta seguida por los técnicos;
el motivo de su presencia en la zona;
las comunicaciones anteriores y posteriores a la emboscada;
la identidad y las relaciones de mando de los atacantes;
la información aérea, telefónica y de vigilancia disponible;
los posibles lugares de detención;
los testimonios;
y el origen de cualesquiera restos recuperados.
Ningún resto debe atribuirse públicamente a los cuatro hombres sin una identificación forense confiable.
Segunda etapa: priorizar el rescate y la negociación sin conceder impunidad
Si existen pruebas creíbles de que los hombres continúan con vida, su supervivencia debe ser la prioridad.
La comunicación orientada a conseguir su liberación puede resultar necesaria, pero ningún acuerdo debe conceder inmunidad permanente por secuestro, tortura o asesinato. Negociar para proteger vidas y exigir posteriormente responsabilidad penal no son objetivos incompatibles.
Tercera etapa: aislar la red responsable
Las operaciones deben dirigirse contra comunicaciones, finanzas, rutas de suministro, comandantes y células operacionales identificadas.
Deben evitarse las presunciones de culpabilidad aplicadas a zonas enteras. Nadie debe ser detenido solo por vivir cerca del lugar del ataque.
Cuarta etapa: detener cuando sea factible
El objetivo debe ser la detención legal y el procesamiento judicial.
La fuerza letal nunca debe utilizarse simplemente porque una detención resulte difícil, porque un sospechoso sea impopular o porque un gobierno quiera demostrar poder. Debe limitarse a situaciones de estricta necesidad para proteger la vida ante una amenaza inminente.
Quinta etapa: seguir la cadena de mando y financiación
Los investigadores deben ir más allá de los atacantes directos y examinar a los financiadores, proveedores de armas, funcionarios corruptos, intermediarios comerciales y protectores políticos.
La inteligencia financiera, los registros aduaneros, la evidencia telefónica y los datos de transporte marítimo pueden producir resultados más duraderos que las incursiones indiscriminadas.
Sexta etapa: proteger a la población civil y preservar los servicios esenciales
Las operaciones deben evitar escuelas, hospitales, mercados y zonas residenciales siempre que sea posible. Debe garantizarse asistencia médica. Las familias desplazadas necesitan protección. Todo daño civil debe registrarse, investigarse de forma independiente y dar lugar a la reparación apropiada.
Séptima etapa: fortalecer las capacidades haitianas
Un despliegue extranjero no puede considerarse exitoso si la seguridad se desmorona inmediatamente después de su retirada.
La operación debe dejar a Haití con mejores:
investigadores criminales;
servicios forenses;
controles aduaneros;
capacidades de guardacostas;
tribunales;
mecanismos de protección de testigos;
unidades de inteligencia financiera;
y sistemas públicos de rendición de cuentas.
Cómo debe medirse el éxito
El éxito no puede medirse por el número de personas muertas.
Debe medirse determinando si:
se localiza a los cuatro integrantes del personal salvadoreño;
se rescata a quienes hayan sobrevivido;
los restos son identificados confiablemente y repatriados si se confirman fallecimientos;
se protege a la población civil;
secuestradores y atacantes son procesados legalmente;
se interrumpen las cadenas de suministro de armas;
se identifica a financiadores y protectores;
se congelan o decomisan activos criminales conforme a la ley;
carreteras, escuelas y hospitales permanecen accesibles y seguros;
las personas desplazadas pueden regresar voluntariamente;
las instituciones haitianas adquieren mayor capacidad;
y la misión actúa con responsabilidad pública.
Un elevado número de muertos puede demostrar fuerza, pero no necesariamente justicia, inteligencia estratégica ni seguridad sostenible.
Advertencia contra la ilusión del dirigente todopoderoso
Su experiencia en El Salvador influirá inevitablemente en sus decisiones. Haití puede estudiar la coordinación administrativa, la capacidad intelectual y la concentración territorial asociadas a su política de seguridad.
Pero Haití no debe importar un modelo en el que la sospecha sustituya a la prueba, la detención masiva reemplace a la justicia individualizada o el poder ejecutivo suplante a las instituciones independientes.
Nuestro país ya ha sufrido bajo el liderazgo de dirigentes que afirmaban que la salvación nacional exigía una autoridad personal sin límites.
Haití necesita instituciones eficaces, no otra excepción permanente.
La lección correcta no es que la ley deba desaparecer para que el Estado pueda actuar. La lección correcta es que el Estado debe adquirir la capacidad de actuar por medio de la ley.
Llamamiento a la Fuerza Armada de El Salvador
A los integrantes de la Fuerza Armada de El Salvador:
Ustedes buscan a compañeros cuyo destino sigue siendo incierto. Su determinación es comprensible.
Recuerden, sin embargo, que la disciplina no se demuestra solo con valor bajo fuego, sino también con moderación cuando la indignación es mayor.
El niño haitiano que se esconde de los disparos no es su enemigo.
La madre que intenta atravesar un barrio peligroso no es su enemiga.
El joven que rechaza ser reclutado por una organización armada no es su enemigo.
Sus enemigos son quienes organizaron el ataque; capturaron o perjudicaron a sus compañeros; financiaron la operación; suministraron sus armas; protegieron a sus autores; u obstaculizaron la rendición de cuentas.
Distínganlos cuidadosamente.
Proteger a los haitianos inocentes no debilitará su misión. Privará a las organizaciones armadas de reclutas, de propaganda y de cobertura social.
Hacia un futuro haitiano legal y democrático
Haití necesita un gobierno legítimo, establecido conforme a la ley, responsable ante la población y comprometido con la dignidad humana.
Necesita dirigentes que entiendan el cargo público como un servicio y no como una propiedad.
Necesita justicia independiente, instituciones profesionales de seguridad, finanzas públicas transparentes, desarrollo territorial, educación, empleo y participación democrática auténtica.
Estoy dispuesto a apoyar todo proceso legal de reconstrucción nacional que respete la soberanía haitiana, los derechos humanos y la responsabilidad democrática.
Pero ninguna operación extranjera debe utilizarse para imponer dirigentes en Haití, preservar un arreglo político carente de responsabilidad o convertir la asistencia temporal de seguridad en un control externo permanente.
El pueblo haitiano debe elegir finalmente a sus dirigentes.
Llamamiento final
Presidente Nayib Armando Bukele Ortez:
Encuentre a sus hombres.
Si están vivos, llévelos a casa.
Si han fallecido, recupere sus restos, establezca la verdad y hónrelos debidamente.
Exija responsabilidad a los autores directos.
Después, siga la evidencia más allá de las calles: hasta los proveedores de armas, las redes financieras, los protectores corruptos y los beneficiarios políticos o económicos.
No castigue a las comunidades por los delitos cometidos contra ellas y dentro de ellas.
No confunda la pobreza con la criminalidad.
No sustituya el dominio de los grupos armados por el de la fuerza arbitraria.
No acepte la impunidad de organizaciones armadas, funcionarios, intereses empresariales ni actores extranjeros.
Su misión será juzgada no solo por la recuperación de cuatro miembros salvadoreños, sino también por el respeto que sus fuerzas demuestren hacia las vidas de los haitianos entre quienes operan.
La fuerza sin justicia se convierte en dominación. La justicia sin capacidad institucional se convierte en una promesa vacía.
Haití necesita tanto seguridad como ley.
Deseo valor y éxito a los militares desaparecidos, a sus familias y a cada integrante disciplinado de la misión de rescate. Expreso también mi solidaridad con las familias haitianas que han sufrido durante demasiado tiempo secuestros, desplazamientos, violencia sexual, extorsión y muerte.
Que esta crisis exponga, en lugar de ocultar, la arquitectura completa de la violencia.
Que produzca evidencia en lugar de propaganda, justicia en lugar de venganza e instituciones en lugar de otro ciclo de miedo.
Respetuosamente,
Wilsonn Telimo Lwi, Presidente de ITIYAyiti
KÒTAKÒT por un Haití autónomo
Nota metodológica
Esta publicación combina una carta abierta sobre una incidencia política con un análisis normativo. Sus afirmaciones se dividen en tres categorías:
Hechos documentados públicamente, como la desaparición de los cuatro técnicos, el mandato internacional de seguridad, el embargo de armas y determinados hallazgos o sanciones oficiales.
Inferencias analíticas, claramente presentadas como interpretaciones de las condiciones necesarias para una operación legítima y sostenible.
Denuncias o sospechas que requieren investigación, las cuales no deben considerarse pruebas de culpabilidad ni sustituir un procedimiento judicial.
La situación operativa puede cambiar después de la fecha de publicación. Antes de republicar o actualizar este artículo, deben verificarse nuevamente el estado de los cuatro desaparecidos, los resultados forenses, el mandato de la misión y cualquier decisión oficial pertinente.
Marco jurídico y documental
El argumento de esta carta se apoya en:
la Declaración Universal de Derechos Humanos;
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;
los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley;
las resoluciones del Consejo de Seguridad relativas a la Fuerza de Supresión de Pandillas y al régimen de sanciones sobre Haití;
los informes del Panel de Expertos de las Naciones Unidas sobre Haití;
los estudios de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito sobre el tráfico de armas hacia Haití;
las decisiones oficiales de sanciones dirigidas contra personas específicas;
y procesos judiciales relativos al tráfico ilícito de armas y la financiación de organizaciones criminales.
Referencias seleccionadas
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Resolución 2829 (2026): renovación del mandato de la Fuerza de Supresión de Pandillas en Haití.https://press.un.org/en/2026/sc16466.doc.htm
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Comité establecido en virtud de la Resolución 2653 (2022) relativa a Haití.https://main.un.org/securitycouncil/en/sanctions/2653
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Informes del Panel de Expertos sobre Haití.https://main.un.org/securitycouncil/en/sanctions/2653/PoE/Reports
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Haiti’s Criminal Markets: Mapping Trends in Firearms and Drug Trafficking.https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/toc/Haiti_assessment_UNODC.pdf
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/ProfessionalInterest/firearms.pdf
Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Sanciones relativas a políticos, facilitadores y dirigentes de organizaciones criminales haitianas.https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1080
Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Sanciones contra un expresidente haitiano por narcotráfico y vínculos desestabilizadores.https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2542
UNODC SHERLOC. United States of America v. Joly Germine et al.https://sherloc.unodc.org/cld/case-law-doc/illicitfirearmscrimetype/usa/2021/united_states_of_america_v._joly_germine_et_al..html
Associated Press. Bukele says military operation launched to rescue Salvadorans held by gangs in Haiti, 21 de octubre de 2026.https://apnews.com/article/822efd292abcd7caa13cf085956f93cc
The Washington Post. Confusion in Haiti over whether bodies belong to missing Salvadoran soldiers, 26 de octubre de 2026.https://www.washingtonpost.com/world/2026/10/26/confusion-haiti-over-whether-bodies-belong-missing-salvadoran-soldiers/
Aviso de publicación
Este texto constituye una expresión de análisis político e incidencia cívica. No representa una comunicación oficial del Gobierno de Haití, del Gobierno de El Salvador, de las Naciones Unidas ni de la Fuerza de Supresión de Pandillas.
Las referencias a posibles responsabilidades penales no equivalen a determinaciones judiciales. Toda persona conserva la presunción de inocencia hasta que su responsabilidad sea establecida mediante un procedimiento legal competente.
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